La controversia por la actualización catastral de Calarcá llegó al Tribunal Administrativo del Quindío, que admitió una acción popular presentada contra el municipio y la Asociación de Municipios del Altiplano del Oriente Antioqueño, conocida como MASORA.
La acción fue promovida por la veeduría ciudadana VEEQUIN, cuya presidenta, Ana Sofía Rojas Alzate, cuestionó presuntas irregularidades relacionadas con la ejecución del proceso de actualización catastral.
Entre los señalamientos figuran retrasos, errores en la información de los predios y dificultades que, según la veeduría, han enfrentado ciudadanos para solicitar correcciones.
La demanda plantea posibles afectaciones a derechos colectivos relacionados con la moralidad administrativa, el patrimonio público y la prestación eficiente de servicios.
El tribunal también vinculó al proceso al Instituto Geográfico Agustín Codazzi y a la Superintendencia de Notariado y Registro.
LA GOZADERA aclara que la admisión de la demanda no significa que las presuntas irregularidades estén judicialmente demostradas. El proceso continuará con las actuaciones correspondientes.
Fuente: El Quindiano, 10 de noviembre de 2026.
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